A finales de 2013, el Gobierno popular de Mariano Rajoy presentó el proyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana en el que se endurecían considerablemente lassanciones a los poseedores y consumidores de cannabis en la vía pública —suprimiendo la posibilidad de sustituir las multas por un tratamiento de desintoxicación—, además de castigar con multas de entre 1.000 y 30.000 euros la plantación y cultivo de drogas «no constitutivos de delito». Araceli Manjón-Cabeza, la que fuera directora general del Plan Nacional sobre Drogas, no dudó en afirmar que «El gobierno va a contracorriente, volviendo a concepciones de hace 40 años que han sido superadas en todos los países civilizados. Eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación nos equipara con países como Rusia, donde solo se concibe el consumidor como un delincuente».
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